La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó una modificación a la Ley de Presupuesto que habilita el pago del 50% de los haberes a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en tanto se resuelve el planteo de inconstitucionalidad de la ley que amplió la integración del máximo tribunal provincial. El conflicto institucional se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La iniciativa fue sancionada en la última sesión del año con 13 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención, y alcanza a los cuatro vocales designados tras la ampliación del TSJ de cinco a nueve miembros, dispuesta por la Ley Provincial N° 3949. Se trata de Sergio Acevedo, Gabriel Contreras, Lucio De la Vega y José Antonio González Nora, quienes asumieron sus funciones en octubre pasado pero hasta el momento no habían percibido remuneraciones.

El proyecto fue presentado por la diputada Adriana Nieto e incorporado como una modificación al Presupuesto 2026. El artículo aprobado autoriza al Ministerio de Economía a liquidar y abonar de manera inmediata el 50% del salario correspondiente a los nuevos integrantes del Tribunal Superior.

El origen del conflicto

La situación se originó a partir de un amparo judicial presentado por el secretario general del gremio de los empleados judiciales, Franco Mascheroni, que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 3949, sancionada el 28 de agosto por la Legislatura. La norma dispuso la ampliación del número de integrantes del máximo tribunal provincial.

El Tribunal Superior de Justicia hizo lugar al amparo y dictó una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la ley. No obstante, el fallo no se encuentra firme, dado que no contó con la participación de la totalidad de los miembros del cuerpo ampliado.

En ese contexto, los nuevos vocales quedaron sin percibir sus haberes desde el momento de su juramento.

Los fundamentos de la decisión legislativa

En el texto aprobado se señala que, ante la ausencia de una sentencia firme, respecto de la constitucionalidad de la ley, corresponde garantizar el pago parcial de los salarios, teniendo en cuenta su carácter alimentario.

Asimismo, se fundamenta la medida en compromisos asumidos por el Estado provincial en el marco de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las garantías constitucionales vinculadas al derecho al salario.

La norma contempla dos escenarios posibles. Si la Ley 3949 es declarada constitucional mediante una sentencia firme, los pagos realizados quedarán imputados de manera definitiva al Presupuesto 2026 del Poder Judicial. En caso contrario, si se declara su inconstitucionalidad, el pago se suspenderá automáticamente y el Estado provincial quedará facultado a recuperar los montos abonados.

Durante el tratamiento del proyecto, la diputada Nieto sostuvo que la falta de pago de los haberes desde la asunción de los nuevos vocales afectó su situación económica, al tratarse de personas que renunciaron a sus empleos anteriores para asumir funciones en el Tribunal Superior.

Antecedentes y pronunciamiento de la Corte Suprema

Durante el debate legislativo se mencionó como antecedente el caso del ex vocal del TSJ Fernando Basanta, quien durante un proceso de juicio político continuó percibiendo el 50% de su salario mientras se desarrollaba el procedimiento.

Además, se dejó constancia de que el 18 de diciembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre la validez de las decisiones adoptadas por un solo integrante del Tribunal Superior, señalando la nulidad de los actos que no cuenten con la participación del cuerpo en pleno, conforme lo establece la normativa vigente.

En ese marco, se indicó que dos de los nuevos vocales, Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, se presentaron en la causa y promovieron un recurso extraordinario federal, el cual fue rechazado en una instancia provincial. Posteriormente, ambos magistrados interpusieron una queja ante la Corte Suprema, que ordenó al TSJ de Santa Cruz oír a las partes y tratar el recurso con la integración completa del tribunal, declarando la nulidad de lo actuado previamente.

Opiniones en el recinto

Desde distintos bloques legislativos se advirtió que la controversia institucional podría extenderse en el tiempo. El diputado Pedro Muñoz (ARI-CC) consideró que el conflicto en el Tribunal Superior de Justicia genera un escenario de incertidumbre y estimó que la definición final del caso quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El legislador también señaló que las diferencias internas en torno a la ley de ampliación del tribunal derivaron en una situación de inestabilidad institucional que requerirá una resolución por parte de un órgano externo al ámbito provincial.

Fuente: Winfo Santa Cruz.